Hagamos política

A partir del 28 de noviembre, el Consejo Superior de la PUCV deberá discutir y aprobar el presupuesto de nuestra Universidad para el año 2009, y de paso fijará los aranceles de nuestras respectivas carreras.

El procedimiento es relativamente sencillo y es más o menos así: se presentan diversas propuestas (generalmente una, auspiciada por el Rector); luego existe un breve período de estudio y, como es común en estos casos, se ven gráficos, números, criterios técnicos; se analiza la mantención de los llamados “equilibrios financieros”; y, finalmente, se vota. La propuesta del Rector, antes de ser presentada al Consejo Superior, se informa a la Federación de Estudiantes, en una “mesa de trabajo” formada para tales efectos.

Todo el procedimiento anteriormente descrito debe ser visto en base a dos elementos fundamentales:

1.) los aranceles seguramente subirán otra vez. Está afirmación no constituye en caso alguno una novedad ya que esta ha sido la tendencia constante en los últimos 5 ó 6 años. Así, para cursos superiores el arancel subirá en base al IPC (pronosticado para este año en un 8,5 ó 9%) y para cursos de primer año el arancel subirá en base al IPC más un “agregado” o delta de 2 ó 3%;

2.) en todo este procedimiento, los miembros de la comunidad universitaria- es decir los estudiantes, la gran mayoría de los profesores y los trabajadores y funcionarios toman simplemente posición de meros espectadores, ya que no tienen mayor injerencia en esta decisión. Decisión que es tomada por algunos, pero que afecta claramente a todos.

Resulta natural que en esta coyuntura existan posturas antagónicas. Así, a un extremo del cuadrilátero se encuentran las autoridades de la Universidad que plantean la necesidad casi “ontológica”, justificada por diversas razones casi siempre técnicas, de subir los aranceles. En la veredera del frente los estudiantes exigen, en base a diversas consideraciones políticas, la detención inmediata de las vertiginosas alzas de aranceles, proponiendo en este caso particular, el congelamiento de los mismos por el plazo de un año.

En base a lo anterior, se puede decir que este conflicto, desde cierta perspectiva, es más aparente que real. Y esto ya que creo que los contendores en disputa comparten un mismo diagnóstico, pero no así una misma solución.

El diagnóstico compartido es clarísimo: el Estado está dejando a sus Universidades sin financiamiento suficiente, en una especie de “arréglatela como puedas” que responde al avance implacable del neoliberalismo en la educación como en tantas otras esferas de nuestro desarrollo social. Cabe mencionar en este punto, el último informe de la OCDE (Organización de comercio y desarrollo económico) que hace patente la escasa inversión pública en ecuación superior. En términos sencillo plantea que en el supuesto que la educación superior en Chile costara $100, el Estado sólo cubriría $20 y el restante $80 lo pagarían nuestras familias.

Pero, es en la solución al problema antes planteado donde tenemos distintas visiones, totalmente contrapuestas. Para las autoridades de la Universidad la solución, que mi juicio involucra una visión absolutamente a corto plazo, radica en subir los aranceles año tras año y de esta manera mantener los “equilibrios financieros” y evitar la “zozobra” de la institución. Es decir, se tiene como chivo expiratorio la economía de nuestras familias.

En cambio, en esta oportunidad los estudiantes planteamos una solución que va mucho más allá de un congelamiento de aranceles. Así, el congelamiento se entiende de dos maneras: primero, obviamente responde a una consideración de toda justicia, casi innegable por la razón que es rechazar las alzas constantes en nuestros aranceles por entender simplemente que la educación es un derecho y no un privilegio.

Y segundo, y aquí viene lo más interesante, responde a una política estratégica y a largo plazo, la cual implica autoexigirnos como comunidad universitaria de la PUCV, un actuar común, uniforme y claro en el sentido de exigir al Estado de Chile un mayor compromiso con la educación superior. Para que no quede ninguna duda, lo que estamos proponiendo los estudiantes es generar alianzas y estrategias comunes, formar lazos en torno a una misma visión que nos permitan enfrentar la titánica tarea no sólo de exigir mayor financiamiento estatal, sino de transformar nuestro modelo educativo y redefinir la participación del Estado en el.

Un último comentario en relación al congelamiento de aranceles. Afirmaba una autoridad, ufanándose de la gran cobertura de becas con la cual cuenta nuestra Universidad, “que en la PUCV ningún hijo de carpintero quedaba sin la posibilidad de estudiar”, y por tanto, según él, la postura de congelamiento de aranceles no se justificaba ya que era atentatoria de aquello; contrasto a esta opinión la vertida por otra autoridad de nuestra Universidad que con gran acierto afirmaba que hoy “los hijos de carpintero”, aquellos que tienen las mayores dificultades económicas para financiar sus estudios, son los estudiantes provenientes de familias de clase media, es decir, la gran mayoría de los 15.000 jóvenes que convivimos día a día en la PUCV.

En conclusión, los estudiantes de la PUCV han planteado un claro desafío. Han extendido a la comunidad universitaria, y en especial a sus autoridades, una clara invitación: hacer política de una vez por todas. Trazar el camino que nos permitirá rescatar a la educación pública y redefinir totalmente el rol del Estado en ella, con proyección de transformación social. Esperemos que nuestras autoridades estén a la altura de sus circunstancias. La vara es alta, pero podemos alcanzarla.